Diario Versión Final

La educación es la suprema contribución al futuro de la humanidad puesto que tiene que contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la pobreza, el egoísmo y la ignorancia. Una población bien educada es crucial si se quiere tener democracias prósperas y comunidades vigorosas.

La educación es el pasaporte a un mañana mejor. En la actual sociedad del conocimiento y en este nuestro siglo del saber, la carrera económica, cultural y geopolítica pasa a ser una carrera entre sistemas educativos. La fortaleza de un país radica en el grado de educación de sus habitantes.  En consecuencia, el derecho a la educación implica derecho de todos, no a cualquier educación, sino a una educación integral de calidad. Una pobre educación para los pobres reproduce la pobreza y, en vez de contribuir a democratizar la sociedad, agudiza las diferencias y agiganta las desigualdades.  De ahí que la educación debe constituirse en la principal preocupación y primera ocupación del Estado,  las familias y la sociedad. Es urgente que superemos  la mera  retórica de la necesidad de educar integralmente a toda la persona y a todas las personas y nos aboquemos todos a levantar los actuales niveles de nuestra pobre educación.   

El Estado, que representa el interés común y ejerce un poder conferido por la sociedad, debe vigilar y garantizar que el derecho a la educación de calidad para todos y todas se cumpla en términos de equidad, lo que implica compensar las desventajas de los más pobres para que las diferencias de origen no se conviertan en desigualdades y se reproduzca la pobre oferta educativa para los más pobres. Esto de ningún modo indica que el Estado debe ser el único ejecutor de las políticas educativas, sino que debe también coordinar y apoyar sin mezquindad  los esfuerzos de las familias y de la sociedad para garantizar educación de calidad a todos.

Por eso, necesitamos un  Estado eficiente  y eficaz en el cumplimiento de los derechos  de todos, en especial de los que cuentan con menos posibilidades  y poder. Un Estado ineficiente o que confunde deseos con realidades,  y proclamas con hechos, es una tragedia para todos, pero sobre todo para los más pobres. 

Pero el Estado no puede monopolizar  la educación, ni utilizarla  para fines partidistas o para imponer una determinada ideología, ni decidir  unilateralmente el uso de los recursos que pertenecen a todos,  o  premiar o castigar a los que siguen o no siguen sus políticas particulares. Los gobiernos  no son dueños del presupuesto, sino meros administradores. Administración que deben realizar con eficiencia, equidad y transparencia, para garantizar a todos el disfrute de una educación integral de calidad. De ahí la necesidad de fomentar el papel de la sociedad como corresponsable con el Estado de la educación de calidad para todos y todas, y como veedora de o contralora de sus derechos mediante políticas públicas honestas y eficientes, garantizando una gestión eficaz y transparente, con estrecha vigilancia sobre la corrupción y sobre los políticos y burócratas que están para servir y no para servirse del Estado y de los ciudadanos que los eligieron.

De ahí que si bien me parece conveniente que el Estado supervise y evite las posibles desviaciones mercantilistas de cierta educación privada, también me parece necesario que la sociedad esté vigilante y se oponga a ciertos peligros o tentaciones del Estado de “privatizar” lo público en su propio beneficio, o en  beneficio de los suyos. Igualmente  me parece  necesario  que la sociedad exija cuentas al Estado sobre el uso de los cuantiosos recursos públicos (que son de todos, no del Gobierno) y la pobrísima  respuesta educativa. 

Por todo ello, más que un Estado Docente o Monopolizador de las políticas educativas, lo que impide a las familias y la Sociedad ejercer sus derechos, pienso que debemos postular y exigir un Estado verdaderamente “Educador”, que garantiza calidad educativa a todos, que apoya las iniciativas sociales a participar en la educación, que garantiza el derecho de las familias a que sus hijos reciban una educación acorde con su cultura y sus creencias en respeto a la pluralidad y a la diversidad, y que también da ejemplo de aquellos valores y actitudes que pregona la Constitución, el Proyecto de Ley de Educación y las nuevas propuestas curriculares como son: democracia, participación, inclusión, honestidad, transparencia,  tolerancia, justicia e igualdad. Si el Estado no encarna en sus prácticas los valores que proclama se convierte en un Estado Deseducador.

La educación  debe propiciar la participación de la sociedad y generar conciencia. El debate sobre la educación y sobre sus leyes y la organización del sistema educativo debe ser lo más público e incluyente posible. Todos los actores relacionados con la educación deben participar en el debate sobre las políticas educativas y la organización del sistema. El Estado, si quiere ser educador,  está en la obligación  de escuchar, respetar y tomar en cuenta, toda propuesta educativa que se haga en el marco de la constitución y busque la mejora de la educación y el fomento del bien común.

pesclarin@gmail.com
Educador