Semanario Versión Final

Gobierno institucionalizó el espionaje con la Ley de Inteligencia

En el país cualquiera puede ser una especie de James Bond, pero a costa de la represión de quienes piensen distinto. Especialistas estiman que la aprobación del estamento es una violación flagrante a los derechos humanos. El nuevo instrumento legal violenta el derecho a la defensa. El ejercicio del periodismo se hará más vulnerable.

Al mejor estilo de Hollywood ahora cualquier venezolano puede hacer el papel de James Bond en su comunidad, en su trabajo o en cualquier escenario, una vez que el presidente Hugo Chávez firmara la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que viene a calmar su paranoia de amenaza al Estado.

El instrumento legal sólo consta de 29 artículos que, según varios especialistas consultados, contravienen principios consagrados en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal porque institucionaliza el espionaje y el pase de información al Gobierno a fin de garantizar la seguridad del Estado.

Muchos pudieran caer y ser tildados de traidores a la patria sin oportunidad para defenderse. Además, la ley no especifica qué se considera traición a la patria, es decir, que queda a potestad del denunciante y de los cuerpos de seguridad del Estado. Versión Final recogió los testimonios de especialistas en la materia.

Fermín Mármol León
“Estamos institucionalizando el espionaje”

“Lo que espera la colectividad es que el instrumento legal ayude a resolver los graves problemas de inseguridad que están latentes. Esta ley no da ninguna respuesta en ese sentido”, comentó el criminólogo y ex ministro de Interior y Justicia.

Estimó que es muy ambigua y está fuera de lugar, al pedirle a los civiles que den informaciones sobre supuestas amenazas en materia de seguridad de Estado. “Estamos institucionalizando el espionaje”.

Mármol León alertó sobre la amenaza que encara ahora el ejercicio del periodismo que frecuentemente hace denuncias. “Si yo a usted como periodista en una entrevista le doy informaciones de cosas de seguridad del Estado y usted no trasmite esa información, mañana o pasado yo puedo acusarla y usted tendrá que enfrentar un juicio y ser castigada penalmente”.

Asegura que la ley es anticonstitucional cien por ciento porque la persona detenida no tiene oportunidad de defenderse. “Es una barbaridad esa ley que nos impusieron aprovechando la ley habilitante del Presidente”.

Es innecesaria, a su criterio, porque el Estado está obligado a cuidar su seguridad y por eso funcionan los centros de inteligencia y contrainteligencia, sin la obligación de que exista un instrumento que lo oficialice. “Parece que quisieran atemorizar a los venezolanos con esta ley”.

Francisco Prada
“La generación nuestra está preocupada”

El ex comandante guerrillero asegura que la ley vulnera el funcionamiento cabal de los derechos humanos en la sociedad. “Como se trata de secretos de Estado y problemas de seguridad de Estado cualquier cosa puede ser leída como traición a la patria, a veces sin justificación. Hay preocupación. La generación nuestra está preocupada porque en nuestros tiempos se cometieron todos los crímenes habidos y por haber, de los cuales fueron testigos personas como José Vicente Rangel, por el caso Lovera, y Jorge Rodríguez, por el asesinato de su padre, pero ahora ninguno de los dos tienen memoria y se están comenzando a cometer estos crímenes en las policías”.

Teme que con la excusa de la defensa de la seguridad del Estado, se hagan cotidianos los abusos en las policías y se construyan expedientes, de allí que se refiriera al asesinato del hijo de su compañero de lucha, Douglas Bravo, el cual fue asesinado y por el contrario, lo inculparon en una mafia de robos de vehículos, después de unos cinco años de cometido el crimen”.

Fernando Ochoa Antich
“Militarmente es un instrumento innecesario”

A juicio del general y ex ministro de la Defensa, este instrumento legal viola flagrantemente los derechos humanos porque elimina el derecho a la defensa cuando permite detener a una persona a potestad del Estado y limita el derecho a la libertad cuando obliga a que una persona por razones de seguridad del Estado tenga que denunciar a otra. “Desde el punto de vista militar ese instrumento es innecesario porque es parte de una idealidad que ha venido creando el Presidente de que Venezuela está bajo amenaza. La única amenaza que ha venido existiendo aquí es la actitud permanente de conflicto que mantiene el Presidente con un conjunto de países. Venezuela no tiene ninguna amenaza que obliga a establecer medidas como si estuviéramos en situación prebélica. El Estado no está amenazado”.

Dijo que el texto legal tiene la finalidad de reprimir a los factores de oposición. “Chávez tiene un complejo por lo que sucedió en 2002 y por eso está purgando a la FAN. Hay muchos funcionarios sin cargo en sus casas y por eso se la pasa fortaleciendo a la milicia”.

Blanca Mármol de León
“Es un COPP paralelo”

La peligrosidad del contenido legal es tal que la magistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León se atrevió a salir a la palestra a advertir sobre la nueva norma. “La nueva ley obliga a los ciudadanos a ayudar a las nuevas agencias de inteligencia, la policía secreta o grupos vecinales allegados a Chávez. El no cumplimiento puede resultar en prisión de dos a cuatro años para la mayoría de las personas y de cuatro a seis años para empleados del Gobierno que no colaboren con estos grupos”.

“Nos enfrentamos a medidas que son una amenaza”, dijo en un pronunciamiento judicial público. “Tengo la obligación de decirlo, como ciudadana y como juez. Este es un paso hacia la creación de una sociedad de informantes”.

“Esta ley horrorosa viola el derecho a la defensa que está establecido en el COPP y la Carta Magna, el control de la prueba establecido en el COPP y el control judicial de las pruebas, también del COPP y la Constitución”, señaló al tiempo que instó a intentar un amparo o un recurso de nulidad para dejarla sin efecto. “Yo creo que los penalistas y abogados en general deben ejercer todos los recursos necesarios para ir contra esta norma”.

Manifestó que no se debe olvidar que el derecho al debido proceso es uno de los preceptos de los tratados internacionales. Dijo que no existe motivo justificable para aplicar una ley que calificó de represora, inoportuna y descontextualizada. “Este es el código de enjuiciamiento criminal pero reforzado, un COPP paralelo, es volver al enjuiciamiento criminal en peores condiciones. Mi opinión es que es una ley totalmente represiva y que fomenta la delación”.

La peor consecuencia es la intimidación. “La gente se va a atemorizar. Es peligrosa la aplicación porque las personas, aunque no sepan nada de lo que les preguntan, por temor a ser juzgadas pueden comprometer a alguien inocente”.