Diario Versión Final

Mentores del estamento jurídico criticaron cambios sustanciales de último momento

A más de una semana de su presentación con bombos y platillos por parte del alto gobierno, la nueva Ley de Policía Nacional ha desatado polémica. Tres de sus más respetados mentores Soraya El Achkar, Luis Gerardo Gabaldón y Andrés Antillano, pusieron su experiencia sobre la mesa y trabajaron en conjunto para que el estamento no tuviera fisuras. Sin embargo, la propuesta original fue trastocada en su viaje hacia la Asamblea Nacional, el Ministerio de Interior y Justicia y el despacho presidencial. Estas son sus conclusiones.

Soraya El Achkar
“Hay riesgos de tomar decisiones con arbitrariedad y sin controles judiciales”

“El sistema integrado de policía que sugerimos estaba integrado por el Consejo General de Policías (CGP), conformado y presidido por el Ministro del Interior, los cuerpos policiales y la Defensoría del Pueblo, quedó desvirtuado con el sistema original porque sacaron del sistema al CGP  y a la Defensoría. No participan en el sistema las gobernaciones, alcaldías y el Ministerio Público, que formaban parte del CGP, esto es un riesgo. Lo otro está vinculado con las figuras de habilitación, intervención  y suspensión; en la propuesta original sugeríamos de que pasaran los requisitos y todos los recaudos para  tener un registro de manera que el Ministerio (de Interior y Justicia)  pueda hacer seguimiento a los estándares óptimos para cada policía. La decisión que se tomó es que el órgano rector es el que habilita, el que autoriza la creación de la policía, y luego en las figuras de los controles judiciales, en las figuras de intervención y suspensión, lo que hacen es que eliminan algunos controles judiciales que habíamos sugerido, por ejemplo, para intervenir una policía era necesario una orden judicial, que estuvieran acompañados por el Ministerio Público durante todo el proceso y que tuviera un lapso determinado, esos controles los eliminaron, y luego cuando hablamos de suspensión de policía, decíamos que además de las anteriores tenía que haber un pronunciamiento de la Sala Político Administrativa del TSJ, para que dijera si era efectiva la medida de suspensión, eso también lo eliminaron, entonces, hay riesgos de tomar decisiones de manera arbitraria y sin controles judiciales a la hora de habilitar, intervenir o suspender cuerpos de policías. Además, eliminaron la Defensoría Especial para los Derechos del Policía. Los policías no tienen posibilidad de sindicalizarse ni derecho a huelga, por lo menos deberían tener la posibilidad de una instancia que defienda sus derechos cuando son violados por la propia institución y sugerimos una instancia adscrita a la Defensoría, pero también fue eliminada”.

¿Quién es?

Activista de los derechos humanos. Miembro de la directiva de la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz. Fue secretaria técnica de la Conarepol. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Central de Venezuela. Tiene más de 20 años trabajando con familiares de víctimas de abuso policial, e impartiendo talleres de formación a uniformados.

Luis Gerardo Gabaldón
“La ley reduce la participación de alcaldías y gobernaciones”

“Los cambios son pocos, pero importantes, lamentablemente.,  son tres: primero, la eliminación del Consejo General de Policías como instancia que define políticas públicas en materia de seguridad y la sustitución de este comité por un órgano puramente consultivo a voluntad del Ministro, por lo que se debilita la adopción consensuada y amplia de políticas públicas para el control de la delincuencia. También se eliminó el Comité de Asesoría Técnica que debería contribuir de una forma racional y con participación de la sociedad civil, a definir estándares profesionales para el funcionamiento policial, influidos por oficinas técnicas que la ley define como profesionales extra disciplinarios, pero que nombra al Ministro, en lo cual no hay participación abierta y plural. 

Otra es la eliminación de la salvaguarda judicial y de las garantías para la intervención y suspensión del servicio policial, que en el proyecto estaban cubiertas por una autorización judicial y en el caso de la intervención con participación del Ministerio Público y hasta por un máximo de 90 días, eso desapareció así como la exigencia en el proyecto de que la suspensión del servicio fuera revisada por el TSJ en Sala Político Administrativa en un lapso de 72 horas, y hay otros cambios que también restringen la participación ciudadana. En los planes de supervisión externa se enfatizó la participación de organizaciones de participación popular, y se eliminaron organizaciones sociales que permitían que algunas entidades que hubiesen desarrollado experticias y tuvieran posibilidades de contribuir al mejoramiento de los estándares policiales, entonces, creo que este tipo de cosas desmejoran el espíritu del modelo policial. No hay consenso para la verdadera participación para la formulación de programas de políticas públicas por una centralización de las propiedades, y estas materias no pueden ser decididas sólo desde arriba, los alcaldes y los gobernadores son también autoridades de seguridad ciudadana”.

¿Quién es?

Abogado. Académico que imparte talleres y eventos  en universidadesinternacionales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Penal y Criminología graduado en la Universidad de los Estudios de Roma. Conferencista. Ha publicado decenas de libros y ensayos en materia criminológica.

Andrés Antillano
“La ley expresa concentración excesiva de poder en manos del ministerio”

“La ley en un buen porcentaje no sólo respeta lo que nosotros propusimos, sino que es el resultado de un proceso de consulta, sin embargo, hay unos elementos que nos despiertan preocupación y que pensamos que son riesgos o asuntos que se deben atender.  Primero está la creación de un sistema integrado de policía, es decir, que la dispersión y heterogeneidad que marcaba el modelo policial venezolano, donde habían escasos criterios de ingreso, mecanismos en su forma de actuación, diseño curricular de policía, tenía una heterogeneidad que no permitía una uniformidad del servicio policial en Venezuela, entonces  se resuelve con un sistema que aunque conserva la autonomía de las distintas policías, establece políticas, criterios y estrategias comunes que deben informar la actuación, organización  y desempeño de los distintos cuerpos policiales. Nosotros planteamos que en el capitel, como instancia para la conducción de políticas, tuviese un sistema a través de un órgano colegiado que permitiera la participación de distintos actores, sobre todo  gobernadores y alcaldes,  intentando que fuera un ejercicio democrático en construcción de políticas públicas. Tiene una función meramente consultiva que me parece que condena a esta instancia a un lugar poco más que decorativo, lo que significa una concentración excesiva de poder en manos del Ministerio y un debilitamiento en instancias colegiadas de construcción de políticas públicas, que nos parecía que era un aporte importante a la forma de entender la gobernabilidad en materia de policía y en lo que refiere a las políticas  públicas. Nosotros también creamos una comisión técnica que permitiera aportar elementos técnicos desde los especialista para definir los estándares, por ejemplo, cuáles eran los criterios ideales para el ingreso de las personas que iban a hacer carrera policial o cual debía ser el currículo policial, quedando esta comisión técnica fuera de la ley se corren muchos riesgos”.

¿Quién es?

Psicólogo social con un postgrado en criminología por la Universidad de Barcelona, España, y actualmente es profesor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Ha trabajado en área de drogas y prevención comunitaria y en proyectos relacionados con las prisiones, seguridad ciudadana y policial.

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Conozca las principales preocupaciones de Lolita Aniyar y Fermín Mármol León sobre la Ley de Policía

El ADN de un estamento polémico

La preocupación se acrecienta al mencionar una virtual desaparición de la Guardia Nacional, aunque el Ministro de la Defensa se empeñe en negarlo. La ex gobernadora del Zulia, Lolita Aniyar, habla de una mezcla entre FAN y policía comunal. Fermín Mármol León resalta la utilidad de la ley, pero reprocha la mutilación de la autonomía de las policías regionales y municipales.

Gabriela Pirela / Foto: Carlos Del Villar

Por más que el ministro de la Defensa, general en jefe (Ej.) Gustavo Rangel Briceño, negó recientemente que la Guardia Nacional vaya a ser eliminada para dar paso a la Policía Nacional, la conformación del nuevo organismo tiene un ADN muy similar al del cuestionado componente militar: orden público, tránsito, control aeroportuario, migración, drogas, anti secuestro y grupos armados irregulares, entre otras funciones, así lo certifican.

Ya lo alertó la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la asociación Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, la promulgación de esta ley “decreta la desaparición de la Guardia Nacional”. La jurista asegura que la eliminación de la GN contemplada en la reforma constitucional se aplicará de manera encubierta a través de la promulgación de la Ley Orgánica de Policía Nacional.

En procura de tener una visión aguda del estamento, Versión Final entrevistó a Lolita Aniyar y Fermin Mármol León, criminólogos que ofrecieron su análisis en torno a la ley.

Lolita Aniyar de Castro
“El Gobierno hizo un pasticho entre una Fuerza Armada y una policía comunitaria”

“Yo siempre rechacé la creación de una Ley de Policía Nacional porque se iba a convertir en un elemento más de la Fuerza Armada Nacional, y de hecho es lo que está pasando. De alguna manera el Gobierno toma en sus manos el poder de todas las policías regionales y municipales desde el momento que nombran o crean este proyecto de ley. Hay un comité que en principio se encargaría de las políticas públicas correspondientes, en ese comité solo hay una representación de los gobernadores y alcaldes, lo que quiere decir que el Gobierno buscara a las personas que le son afectas para golpear a los gobernadores y alcaldes que no simpatizan con el Gobierno, por lo que las policías estatales y municipales ya no van a tener la autonomía establecidas en la Constitución, donde se establece que el funcionamiento y organización de las policías es de la exclusiva competencia de los estados. Ahora, para poder organizar y poner en funcionamiento una policía es necesario pedirle autorización al rector que es el ministro Rodríguez Chacín, él va a decidir que estado va a tener policía y cual no, eso es muy grave. Este organismo centralizador que crea la Ley de Policía Nacional es quien va a controlar e intervenir las policías regionales, están buscando centralizar todo lo que es autoridad armada en las manos de un ministro. Por otra parte, la Guardia Nacional prácticamente desaparece, y me gustaría saber si esto ha sido consultado con la GN, por que la PN va a tener una serie de atribuciones que han sido siempre competencia de la GN como fronteras, aduanas, turismo, aeropuertos, ambiente, penitenciaría, migraciones, aspectos marítimos, porque el Presidente siempre quiso eliminar la Guardia, y ahora la está eliminando, quitándole prácticamente sus atribuciones. Yo creo que van a convertir a toda esa gente en una especie de PN, esa va a ser la nueva policía, es la impresión que yo tengo. No va a ser una PN especializada como la plantearon los ex miembros de Conarepol. Ellos están recogiendo organizaciones llenas de vicios, como la GN y la Policía Metropolitana y lo van a convertir en la PN. No habrá una capacitación sobre derechos humanos y principios operativos. Me parece muy grave que vaya a existir una policía comunitaria, porque se va a vincular exclusivamente con los Consejos Comunales. Esta nueva policía es una Fuerza Armada más en manos del Ejecutivo. El Gobierno ha hecho un pasticho entre una Fuerza Armada y una policía comunitaria. Es una lástima que un esfuerzo tan grande y costoso, donde hay tanta inteligencia acumulada como fue la Conarepol, donde se consultaron a todas las universidades, se haya convertido en una especie de manto que va a cubrir muy hipócritamente de legitimidad un proyecto autoritario.

Fermín Mármol León
“El gran problema es el poder que se concentra en el Ministerio”

“Entre los cambios que me parecieron más significativos está el poder que va a tener el rector que manejará lo que va a ser la policía nacional, que de acuerdo con la Ley es el Ministerio del Interior. Ese poder de nombrar, de poner, quitar y destituir a los funcionarios que dirijan las policías , no me parece adecuado, por ejemplo un Gobernador que tiene su policía estadal nombra a un funcionario policial, entonces este rector tiene la posibilidad de destituir a esa persona, me parece que esto le da mucha fuerza al rector y le da un control de toda esa Policía Nacional que no sabemos qué decisión se puede tomar sobre esa organización. Mi visión es que la Ley de Policía Nacional es bueno, porque los policías van a tener una misma formación académica, que va a ser un reclutamiento totalmente homogéneo, que se hará una selección de los aspirantes llenando una serie de requisitos, así como habrá una academia para la formación de policías, eso es bueno porque el policía de Maracaibo tendrá la misma formación que el de Caracas y de cualquier parte del país. El gran problema es el poder que se concentra en el Ministerio, que en un momento dado al rector no le guste que el Gobernador nombrara a una persona director de esa policía, entonces lo destituyen, eso no es bueno. Por otro lado la Ley le quita una serie de atribuciones a la GN, al Cicpc, a la Disip, entonces eso no es conveniente porque usted tiene un organismo ya especializado, en el caso de la Guardia Nacional, que maneja el problema aduanal y tributario desde hace ya muchos años y el problema de las drogas, ellos tienen gente especializada en esa materia, entonces se le va a quitar todo eso para atribuírselo a un organismo nuevo que apenas se va a formar, no me parece que es correcto.