Diario Versión Final

Mónica Fernández, ex juez y coordinadora del Foro Penal Venezolano

• “La persecución política ha marcado la caída de los principios de la revolución”
• “Fiscales que más casos concentran son mucho más manipulables y sin decisión”
• “Es un descaro político la designación de Isaías Rodríguez como conjuez”

Mónica Fernández, coordinadora del Foro Penal Venezolano y ex juez, dialogó con Versión Final sobre la politización del sistema judicial venezolano.

-¿Legalmente es posible que el ex fiscal Isaías Rodríguez sea suplente de Luisa Estela Morales?

-Desde el punto de vista legal, y según las leyes, el TSJ debió designarlo conjuez, porque a los suplentes los designa la AN en el momento que se designan los magistrados. Por lo tanto, él no entraría en este momento como suplente sino como conjuez, que debería nombrarlo la Sala con el inicio del año judicial. En este caso no lo hicieron a principio de año y es una contradicción a la ley, pero ellos perfectamente pueden decir que en aquel momento no lo necesitaron y como la lista de suplentes probablemente esté agotada y ésta señora Luisa Ortega Díaz piensa inhibirse en algunos de esos casos, pues perfectamente puede incorporarse cualquier persona que designe la Sala Plena y lo convalido en este momento, lo que sí constituye un descaro político, social, una arbitrariedad desde el punto de vista institucional y un debilitamiento del Estado de Derecho, es designar a Isaías Rodríguez conjuez cuando una vez más en los últimos ocho años, su gestión está entredicho, cuando hay una denuncia muy concreta de posibles órdenes de él de influenciar la investigación, no sólo en el caso Anderson sino en otros.

-¿Sigue concentrando expedientes de imputados políticos un pequeño grupo de jueces y fiscales?

-En el 2005 determinamos la concentración de los casos de índole político en un grupo de diez fiscales. La tendencia no se modificó mucho en cuanto a la distribución de los casos sino que quizá en algunos de ellos sustituyeron a quienes lo concentraban, es decir, ante la renuncia, por ejemplo, de José Benigno Rojas, algunos de los casos se distribuyeron entre el resto de los fiscales de confianza, como en su momento, por ejemplo, Luisa Ortega Díaz, quien concentró el 32% de los casos. Se suman Gledys Carpio,  Turcy Simancas y Alejandro Castillo, quienes están ahora en temas políticos. Luego renuncia Gilberto Landaeta y la persona que pasa a tener la mayor concentración es Luisa Ortega Díaz en la Fiscalía Sexta Nacional, y al poco tiempo a ella la designan Directora de Actuación Procesal, por lo que ya no sólo tenía la posibilidad de revisar los casos que a ella le correspondían en la Fiscalía que ocupaba sino que revisaría todos los casos a nivel nacional que presentaran un proceso penal, y la concentración queda en manos de María Alejandra Pérez, que hasta el momento de la Ley de Amnistía era quien tenía esa concentración. De hecho, en el momento de aplicarse la Ley de Amnistía de trece casos, siete estaban en el despacho de Pérez, que era el despacho de Luisa Ortega Díaz, hoy fiscal general.

-¿Qué criterios toman para la selección de jueces y fiscales?

-Habría que estar en la cabeza de los fiscales, pero lo que determinamos y por los patrones de conducta repetitivos que constituyen violación de los derechos humanos, nosotros coincidimos que los fiscales que más casos concentraban, son los que tienen menos tiempo en el Ministerio Público, los que tienen menos credenciales académicas, carácter y capacidad de decisión, fiscales muchos más manipulables y que iban a prestarse a los intereses que representó siempre Isaías Rodríguez.

-La jueza que lleva el caso de los comisarios Forero, Simonovis y Vivas, manifestó que la Ley de Amnistía no era aplicable a ellos porque violaban los derechos humanos. ¿La misma jueza podría también ser acusada de violar los derechos de los funcionarios cuando ellos no han gozado de un juicio respetado y digno?

-Por supuesto, desde el principio se les ha violado los derechos humanos tanto en la detención ilegal contra el comisario Simonovis, como la maliciosa entrega que hizo por cierto Luisa Ortega Díaz, sacándolo de la Embajada de El Salvador, y la detención más allá del tiempo indicado legalmente que establece el Copp. Hay una violación al debido proceso e incorporación falsa de testigos, forjamiento de actas policiales, pruebas que la defensa nunca pudo controlar y a la que nunca tuvo acceso, violación al derecho de la defensa. Hay un descarado favorecimiento del Ministerio Público por parte de la juez, eso todo está grabado y yo creo que en un momento dado, toda Venezuela podrá saber la verdad qué pasa dentro, en un juicio, y la ventaja es que es oral y público, donde puede verse claramente cómo se han venido violando los derechos humanos.

-¿Lleva la cuenta de los jueces y fiscales destituidos por no plegarse a la línea revolucionaria?

-En los últimos cuatro años en el Ministerio Público fueron destituidos más de 220 fiscales de forma arbitraria, caso relevante el de Jacqueline Sandoval de Guevara, esposa de Rolando Guevara, que además de tener diez años de carrera en el Misterio Público se le destituya simplemente por reclamar los derechos de su esposo. Dijeron que la habían sustituido porque no había concursado cuando ella era fiscal de carrera. El caso de la doctora Claudia Mujica, de Theresly Malavé, sólo por enfrentarse a las arbitrariedades de Isaías Rodríguez y en la medida que nos les convenía los intereses políticos que él representaba allí  estaban siendo destituido. En el caso del Poder Judicial, Alvaray hizo una revisión en el año 2005, de cuentas del número de jueces que habían destituido y él anuncio la destitución de más de 400 jueces en menos de un año. Ellos no tuvieron la oportunidad de defenderse. Fueron suspendidos sin goce de sueldo. Igual sucede con los mismos fiscales del Ministerio.

-¿El caso Anderson marca el principio del fin del sistema de justicia venezolano?

-No sólo el caso Anderson sino la etapa que comienza luego del 11 de abril de 2002. Aquí se produjo la quiebra y caída del poder judicial y a medida que cae, el Estado de Derecho también. Ese decaimiento es atribuible a los que están en el Gobierno y quienes están en los cargos públicos a partir del 2002, con la persecuciones judiciales, la imputación de más de mil personas por razones políticas y luego la amnistía como un reconocimiento de persecución política en contra de los disidentes del Gobierno.

LISTA DE ENCARCELABLES
“Tarde o temprano la justicia llegará”

-¿De aplicarse la justicia, así sea en el futuro, a quiénes avizora en la cárcel por violar el sistema de justicia venezolano?

-En la cárcel yo no creo, pero creo que si van a ser condenados en sistemas internacionales, juzgados por distintas responsabilidades aquí en Venezuela. Sería la lista muy larga de personas que tienen que responder ante el mundo y ante Venezuela, el mismo Presidente de la República, Luis Tascón, Cilia Flores, Nicolás Maduro, estamos hablando de corrupción, imagínate la lista, se me escapa de la mente en este momento. Jueces como Maikel Moreno, Belkis Briceño; fiscales como Gilberto Landaeta, Yoraco Bauza, Luisa Ortega Díaz; como el mismo Isaías Rodríguez, María Alejandra Pérez. De aquí hay mucha gente, Turcy Simancas, la juez del caso de los comisarios. Mira, hay ciento de miles de personas que arbitrariamente han violado derechos humanos y han hecho mucho daño. No te olvides de las personas que han muerto, como Juan Carlos Sánchez, Antonio López Castillo, que ni siquiera sabemos porque murieron. Hay muchísimas personas que deben responder en un momento dado; y como en Chile, donde estuvieron ejerciendo recursos y denunciando gente durante treinta años y después de treinta años, es que lograron conseguir justicia, y yo creo que nosotros no tenemos que desanimarnos sino denunciar y denunciar, guardar pruebas, todo lo que digan y donde lo digan, registrarlo, documentarlo y estoy segura que más tarde que nunca, la justicia llegará.