Diario Versión Final

Nuevo articulado avala la ocupación de inmuebles sin decisión judicial

Ocho artículos tocan el polémico punto. Abogados constitucionalistas interpretan las vías legales que abren el proyecto constitucional para actuar contra la propiedad, privada bien sea del sector comercial como individual. Estiman que el modelo económico propicia la empresa pública y asfixia a la privada.

Foto: Edwin Barroso

Expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones e intervenciones de la propiedad privada tendrían carta blanca de aprobarse la reforma constitucional, según varios abogados constitucionalistas. Si bien estos mecanismos se vienen practicando, el proyecto presidencial les daría rango constitucional.

En nombre del “nuevo modelo productivo”, lo que hasta el momento ha afectado a los productores y grandes empresarios, ahora amenazaría a las viviendas de particulares también con el impreciso argumento de que priman “los intereses comunes sobre los individuales”.

Algunas visiones son más alarmistas que otras. José Villalobos, docente de la Universidad del Zulia (LUZ), asegura que las expropiaciones están reguladas en una ley que lleva su nombre y que en nada las promovería la nueva carta magna.

Pero su colega de la misma casa de estudios, Freddy Bozo, difiere e interpreta que la reforma avalaría la ocupación del inmueble al inicio del procedimiento, sin esperar la ejecución e indemnización definitiva del tribunal, a diferencia de lo establecido actualmente que ordena la ocupación una vez que se produzca el fallo.

“El proyecto busca expropiar en cualquier momento a cualquier propietario de inmueble sin que el Gobierno diga: “dame permiso”. Ahora dirían: “me voy a meter y después te pago”. Esto ocurrirá más que todo en materia de inmuebles”.

La reforma extiende las posibilidades de expropiación, de acuerdo con el profesor de postgrado, José Enrique Molina. “Si nos atenemos a que en este caso como en otro se estén recogiendo experiencias que ya hemos vivido, a lo que viene apuntando el proyecto de reforma es a la posibilidad de que el Gobierno repita, con el aval de la Constitución, el mecanismo que utilizó para despojar a Radio Caracas Televisión de sus equipos sin ningún procedimiento a través del cual ellos pudieran hacer alegaciones y sin indemnizarlos en absoluto”.

Explicó que el riesgo a ser expropiado no está reservado para un sector en particular. “En un momento dado puede afectar a cualquier venezolano porque se presta a arbitrariedades. Este cambio afecta a cualquiera que tenga un bien en un área que el Gobierno considere que la necesita para realizar una obra pública”.

El único argumento que utilizaría el Gobierno para expropiar una propiedad es que el inmueble es de utilidad pública o social, cuestión que según Bozo puede “ser mentira o no”, y que está plasmada en el artículo 115 de la reforma. Sin embargo, Molina observa que las acciones contra la propiedad privada no sólo se derivan del referido artículo sino del conjunto del proyecto “que al aumentar de manera desmedida los poderes y facultades del Ejecutivo va dejando mucho menos protegido al ciudadano frente a cualquier política arbitraria”.

A su juicio, es natural que las definiciones de utilidad pública o social sean cambiantes en el tiempo y ambiguas en todos los textos constitucionales, la gravedad de este caso apunta a las garantías de un juicio justo para indemnizar al propietario, las cuales considera son inexistentes.

Bozo señaló que no debe confundirse la expropiación con la confiscación, pues esta última se refiere a bienes muebles cuando existe una posible acción delictual, y por lo tanto, el Gobierno no paga por el bien retenido.

Sector productivo
El sector productivo también se atemoriza con la nueva propuesta de la Carta Magna. José Villalobos confiesa que ciertamente, el Presidente introdujo un nuevo elemento en su propuesta y es que el Estado se reservaría el derecho de propiedad sobre sectores estratégicos de producción, como el agrícola, cuestión que incentivaría la expropiación de haciendas, fincas, fundos y hatos.

Ese punto, explicó, está basado en el artículo 115 que establece los nuevos tipos de propiedad entre los que se encuentra la social. “Bajo la nueva figura de propiedad social, el Estado mete un consejo comunal en la hacienda, el propietario se va y los campesinos son los dueños ahora. El Gobierno va a jugar con todo ese tipo de propiedades”.

Villalobos calificó la propiedad mixta como una serie de “capas de supuestos propietarios donde a la final el Estado es el dueño”. Criticó que la reforma le daría manto constitucional a las nacionalizaciones e intervenciones, prácticas que, a su juicio, atentan contra la propiedad privada.

La propuesta del nuevo texto constitucional establece que se podrían confiscar las propiedades que atentan contra la seguridad y defensa de la nación. Villalobos está consciente de este aspecto, argumentando que el Estado puede decretar zonas de seguridad donde lo considere necesario, aunque admite que la premisa es objeto de libre interpretación.

Manuel Llamas, del diario español Expansión, analizó que las compañías de “propiedad social” ?nacionalizadas o intervenidas parcialmente por el poder público? gozarían de una posición privilegiada en el modelo productivo del país.

Llamas se refirió además a una vía abierta para “los mecanismos de control y fiscalización” empresarial que implementaría el Gobierno cuando lo estime necesario para garantizar la “razonable” productividad económica. “Se trata de un conjunto de criterios normativos cuya elaboración estará en manos del poder Ejecutivo y, como consecuencia, del propio Hugo Chávez”.

Molina concluye que el articulado referido a la propiedad responde al nuevo modelo económico que se fundamenta en la empresa pública, y por lo tanto, propicia su expansión mediante nacionalizaciones, expropiaciones, confiscaciones e intervenciones, en la misma medida en que coloca contra la pared a la empresa privada. “Todos los artículos donde dice que el Estado protege y propicia la empresa privada, fueron eliminados”.

SONDEO
Ocho de cada diez personas creen en la propiedad privada

Luis Vicente León, director de Datanálisis, asegura que seg{un resultados del último estudio de esta encuestadora, realizado entre 1.300 personas en octubre, más de 78% de la población considera que la propiedad privada debe ser respetada, y sólo 20% indica que la propiedad debe existir pero con ciertas regulaciones.

León explica que en el venezolano existe una marcada conexión y arraigo entre los conceptos de propiedad, empresa privada y sociedad. Por ello, la limitación de la propiedad privada como lo establece la reforma de la constitución es aprobada por menos de 20% de la población. “En un escenario donde el presidente aún sigue teniendo apoyo de la mayoría, 81% de las personas rechaza las expropiaciones de tierras y 87% las de apartamentos”, destacó.

Contra la propiedad privada

• Art. 18: “El Estado se reserva la explotación de los hidrocarburos” y la manufactura nacional de materias primas.
• Art. 112: “El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo fundado en la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales”.
• Art. 113: “Se prohíben los monopolios”, así como todas las actividades tendentes al “abuso de la posición de dominio” por parte, tanto de particulares como de empresas. Además, “no se permitirán” las actividades y acuerdos privados que “vulneren los métodos de producción social o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios”.
• Art. 115: “Por causa de utilidad pública o interés social podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”, y “toda propiedad estará sometida a las cargas y obligaciones que establezca la ley”.
• Art. 300: “La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de empresas para la realización de actividades económicas o sociales, bajo los principios de la economía socialista”.
• Art. 305: La producción de alimentos es de “interés nacional”.
• Art. 307: “Se prohíben los latifundios”, y se podrán confiscar las propiedades que atenten contra el medio ambiente o la “seguridad y defensa de la nación”.
• Art. 318: La banca y el sistema monetario deben responder a los principios del “Estado Socialista”. El Banco central carecerá de autonomía.