Diario Versión Final

Jesús Torrealba, miembro de Radar de los Barrios, analiza cinco polémicos artículos

“El poder del pueblo soberano es una ilusión de participación”. “Serán ciudadanos de segunda quienes no sean socialistas”, dijo el concejal. “Las mujeres no parieron a sus hijos para que fueran soldados ni guerrilleros y mucho menos carne de cañón”.

El representante de la organización Radar de los Barrios, concejal Jesús Torrealba, habló con Versión Final sobre las implicaciones sociales de la reforma constitucional de cara a los espacios populares. Sus palabras están llenas de temor ante el horizonte que se avecina. “Las ciudades socialistas son ghettos extraurbanos donde el ciudadano común ve que lo que se busca es que sus voces y reclamos no puedan ser escuchados”, sentenció.

Artículo 16
“Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales…”

“Para nosotros es claro que esta geometría del poder es llevar al tapete nuevamente viejas prácticas adecas cuartorepublicanas. Quizás en la capital no se sienta tanto pero en el interior del país sí se sentirá con mayor fuerza como ocurrió en el gobierno de Jaime Lusinchi con sus elecciones a dedo de los gobernadores entre sus amigos o los secretarios del partido en ese momento.

En las nuevas instancias establecidas como los Distritos funcionales las autoridades designadas no pasan por el voto popular sino que pasa, únicamente por la conveniencia política de los burócratas y en último caso, por el dedo presidencial nos hace prever una situación alarmante porque se le quita poder al soberano y se le da poder a la burocracia.

Con este artículo no hablamos de una geometría del poder sino de una arquitectura del Estado donde el poder está concentrado en la cúspide y no en la base. Recordemos las palabras del filósofo derechista y facistoide argentino, y que fuera por mucho tiempo asesor del presidente Chávez, Norberto Ceresole, el poder cuando se acumula se potencia y cuando se desagrega, se licúa. Con este argumento Ceresole escribió un libro titulado Caudillo, ejército, pueblo, para defender la tesis de concentración de poder en la Presidencia de la República. El poder del pueblo soberano se licúa en una gran cantidad de microespacios fragmentados e inconexos que crean una ilusión de participación pero que no tienen capacidad de incidencia sobre las políticas públicas. Si nos circunscribimos a lo que reza el artículo el poder popular no tendrá opiniones en nada que no sea su ámbito, es decir, la comunidad.”

Artículo 70
“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente…”

“Este artículo constitucionaliza la discriminación política porque al decir que para ejercer los cargos de representación pública y de elección popular e incluso, los llamados órganos del poder popular, incluyendo a los concejos comunales, tienen que ser para la construcción del socialismo. Con esto, las personas que no pertenezcan a esta filiación política estarían en una situación de disminución de derechos.

En los sectores populares existe una polarización mucho menos aguda que en otros espacios sociales por una razón de necesidad, es decir, nosotros en los barrios nos enfrentamos a enemigos reales y concretos y no es Bush o el Gobierno, es la inseguridad, la basura, la falta de empleo y transporte. Ese artículo convierte en ciudadanos de segunda a quienes no sean socialistas.”

Artículo 115
“Toda propiedad estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública…”

“Con este artículo el Estado podrá ocupar la propiedad de particulares sin sentencia firme de un tribunal. Eso preocupa en los barrios porque, el en área de la Gran Caracas hay un problema severo donde el Gobierno está pretendiendo desalojar los barrios y muchas veces con el pretexto de la condición de riesgo en las zonas donde están levantados. Ahora el Gobierno enfrenta una paradoja porque su mayor cuota de respaldo social y electoral se encuentra en los barrios, sin embargo, los burócratas militares que manejan los órganos de vivienda del Gobierno tienen un claro sesgo antibarrio. Si recordamos la tragedia de Vargas el Gobierno intentó movilizar a los afectados a estados donde no les garantizó fuentes de empleo, esta experiencia, por supuesto, fracasó. Otros intentos por establecer barrios trasplantados se asoman y el último intento del Gobierno son las llamadas ciudades socialistas, y que son presentados como una especie de ghettos extraurbanos donde el ciudadano común ve que lo que se busca es que sus voces y reclamos no puedan ser escuchados.

Para los militares los barrios no son un espacio legítimo de la trama urbana, sino que los ven como una amenaza latente. La tesis de Estado Mayor del general Cruz Weffer se llamaba: “El desalojo de las áreas marginales como problema de seguridad nacional”; lo que se plantea es que para los militares los barrios son una fuente potencial de subversión e inestabilidad. Los barrios pueden esperar desalojos masivos o focalizados según los intereses del Gobierno”.

Artículo 136
“El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional…”

“Establece que el poder popular no nace de poder electoral alguno, es decir, no nace del sufragio o de acto electoral alguno. Eso, en primer lugar, nos deslegitima a todos los concejos comunales que ya existen porque todos nacieron de un acto electoral y así lo establece la Ley de concejos comunales que los rige. El Gobierno nacional se ha pasado los últimos tres años llenándose la boca diciendo que en el país había, para finales de 2006, treinta mil concejos comunales y que la aspiración para este años eran 50 mil. Eso es mentira porque ni siquiera, si tomamos el caso del municipio Sucre de Caracas, este es el municipio más grande del país y existen sólo 200 concejos comunales en un universo de más de dos mil barrios.

Aparte de deslegitimar a los que ya estamos sino que además establece que los concejos comunales que se establezcan en el futuro serán designados por un mecanismo no explicitado, pero en definitiva, no vinculado al voto del pueblo. Todo ésto nos permite inferir que los concejos comunales y todos los órganos del poder popular que se creen como los llamados concejos obreros o los concejos estudiantiles serán nombrados a dedo por quienes tengan el poder o el dinero para hacerlo y en ambos casos es el Gobierno. Entonces, con la reforma tendríamos un poder que ni es popular ni es poder.”

Artículo 328
“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política…”

“Este artículo incorpora al texto de la Carta Magna la llamada doctrina militar de la guerra popular de resistencia, también llamada guerra de todo el pueblo es la doctrina militar que borra las diferencias entre el combatiente y el no combatiente.

Con esta doctrina se asume que todo el pueblo es actor en un conflicto determinado; eso es gravísimo porque toda la doctrina del derecho humanitario internacional está orientada a proteger los derechos de la población no combatiente y por eso se creó una institución como la Cruz Roja.

Cuando no se tiene un arma en la mano uno es un civil y tiene derechos a la protección de su vida aún dentro de una beligerancia y esos derechos desaparecen en el marco de la guerra de resistencia. Las mujeres del pueblo no parieron a sus hijos para que fueran soldados ni guerrilleros y mucho menos carne de cañón.

A la luz de éste y otros artículos la FAN puede escudarse para repeler lo que ahora se llama el enemigo interno, es decir, como lo ha expresado el Presidente en más de una oportunidad, armar al pueblo para combatir al pueblo o más literal aún “la meta es que cada venezolano tenga un fusil, eso sí, con mucha munición”. Con estas palabras el presidente Chávez irrespeta la ley de desarme puesta en marcha por su propio gobierno y coloca al país en una situación de riesgo porque la verdadera seguridad se mide por los índices de violencia y en ese rango estamos por encima de Brasil y entre las primeras ciudades del mundo en materia de homicidios.”