Diario Versión Final

Ex procuradora Marisol Plaza responde interrogantes de dirigentes políticos (2)

“El artículo 113, referido al monopolio, es aún declarativo de principios. Yo lo hubiese redactado señalando responsabilidades civiles, penales y administrativas a quienes lo realicen y a quienes lo permitan”, dijo. “Hay varios juicios penales a nivel mundial, de víctimas de estafa con diferentes montos de dinero”. “La imagen de Chávez no le debilita nada”.

La ex procuradora general de la República, Marisol Plaza, se enfrentó a las preguntas y señalamientos que le hicieron políticos pro gobierno y oposicionistas sobre los casos Bandagro y Anderson, y la Ley Anticorrupción. Asegura que está de acuerdo con la reforma constitucional, aunque cree que le faltó carácter al Presidente en el artículo 113 referido al monopolio. Versión Final sigue en exclusiva con la abogada que expresó: “Mi único cliente era el Estado”. Aquí están sus respuestas.

Atala Uriana, vocera del Psuv
¿Ve con buenos ojos todos los artículos de la reforma?
Sí, la gran mayoría. Me preocupaba la redacción del artículo 115 referido a la propiedad privada. Esas palabras: “Se reconoce sobre bienes de uso y consumo”, pueden ser mal utilizadas una vez entrada en vigencia, y sobre todo crea angustia innecesaria en personas ubicadas en sectores de oposición cuando la intención del Presidente es respetar y garantizar la propiedad privada. Lo único necesario es crear los otros tipos de propiedad, porque cuando la propiedad privada tropieza con el interés social, tanto actualmente, como bajo la constitución que se reforme, se puede utilizar y expropiar en beneficio de la colectividad, entonces no hay porque dejar abierta posibilidades de duda. También considero que al Presidente le faltó contundencia al plantear el artículo 113, referido al monopolio. A mi juicio es aún declarativo de principios. Yo lo hubiese redactado señalando responsabilidades civiles, penales y administrativas a quienes lo realicen y a quienes lo permitan. Sin embargo puede ser que la ley que desarrolle la materia correspondiente mejore esa garantía.

¿Quiénes de los representantes del oficialismo soportarían una auditoria sobre sus bienes?
Creo que todos. Lo contrario sería pensar que la Contraloría no cumple con sus funciones y no es lo que tengo entendido. Hay que estar muy atentos. La corrupción es muy sutil, a veces se cuela en niveles intermedios, bajos, muy bajos, y es difícil determinar por dónde es el ataque.

Gilberto Urdaneta Besson, ex gobernador del Zulia
¿A cuanto ascendía el monto de la operación de las notas Bandagro?
Esa operación no tenía monto porque la opinión revocada que ellos robaron del expediente administrativo no señalaba ninguna cantidad de dinero, ya que era un análisis jurídico, no reconocimiento de deuda. Hay una computadora en manos de no sé cuáles personas que emite esos bonos, pues en varios países del mundo emitían esos papeles y le anexaban mi análisis jurídico, el revocado. De manera que siempre me enteraba de una demanda nueva con la misma opinión. Estamos hablando de que si hay una estafa uno no sabe que monto le colocan al papel que presentan. Hay varios juicios penales a nivel mundial, de víctimas de estafa, con diferentes montos de dinero.

¿Es cierto que Bandagro no podía emitir notas promisorias?
Bandagro podía emitirlas, claro, como bonos de la República. Eso sucedió hace 20 años, no sé cuales eran los criterios para la emisión. Ahora el Ministerio de Finanzas es la que sabe cuales emitió verdaderamente.

Julio Montoya, dirigente de UNT
¿Considera que la Ley Anticorrupción ha sido archivada porque no le conviene al proceso revolucionario?
No. El problema a mi juicio es que se están haciendo reformas a leyes penales por retazos, y todo es un sistema. Hay que reformar el Código Penal en su conjunto, es decir, hacerlo de nuevo, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley del Ministerio Público y todas las leyes penales especiales tales como ese proyecto que menciona, y armonizar las políticas del gobierno con las leyes, incluso el sistema penitenciario y los tribunales con competencia penal. Cuando se reforman leyes por separado y por partes, se contradicen, se derogan entre sí, se excluyen y se complica la precisión de los tipos penales que debe aplicar el juez y eso va en favor de la delincuencia. Creo que el Estado debe hacer un estudio científico y político de la corrupción al menos en el sector público, y determinar las políticas a aplicar para su disminución y entonces legislar coherentemente con esas políticas. Luego viene armonizar a todos los organismos involucrados incluyendo los otros poderes públicos. Una ley per se no resuelve el asunto.

¿Cree que los casos de personas cercanas al Presidente que han sido señalados de tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas, debilitan la imagen de Chávez?
La imagen de Chávez no la debilita nada. Ya está demostrado. Es sorprendente como con una estrategia mediática tan fuerte donde no sólo los delitos que menciona sino cualquier cosa verdadera o falsa le imputan al Presidente y a quienes lo acompañan, y el pueblo Venezolano no pierde la confianza en su líder. Lo que debemos hacer y en lo que debemos contribuir todos es en que si hay alguna persona que no sólo esté cerca del Presidente sino que cumpla cualquier función pública, amparado directa o indirectamente en el Presidente, que responda por sus delitos. Pero ninguno del pueblo bolivariano va a endosar a su Presidente la falta de otros.

¿Por qué el caso Anderson quedó en el olvido y no se ahondó en las investigaciones?
Es una pregunta difícil de contestar. Lo necesario para el análisis es que el Presidente lidera un proyecto de país. Ese proyecto abarca todos los escenarios de vida ciudadana, la justicia, la elaboración de leyes, la defensa del ciudadano, la capacidad de elegir. Y los poderes están presididos por nuevos actores que creen en el proyecto bolivariano. Una cosa es la autonomía y otra es la dirección, la política de un organismo en coherencia con los cambios revolucionarios… Con conocimiento absoluto, como testigo de excepción por el cargo que desempeñé por varios años, puedo afirmarte que el Presidente no llama a jueces para pedir tal o cual sentencia, eso es respeto a la autonomía. Alguien puede considerar que un tribunal sentencia a favor del gobierno, y yo podría interpretar que decide a favor del pueblo venezolano, a favor del socialismo, a favor de la doctrina bolivariana y con plena autonomía.

Alejandro Silva, dirigente regional de Primero Justicia
¿Según el periodista Leocenis García usted, en su momento, se sintió extorsionada o presionada, es eso cierto?
Claro, si yo no hubiese defendido a la República, y abandono los juicios extranjeros, no salgo mal parada en la prensa de oposición. ¿De cuál manera? No contratando abogados extranjeros que representaran a Venezuela, porque los abogados venezolanos no podemos actuar en el extranjero. Eso es una extorsión: “no defiendas ese juicio o lesionamos tu honor”. No terminaría de contar la cantidad de mentiras, cuentos e inventos que hicieron de mí en el diario Reporte de la Economía que defendía a los tenedores de los presuntos títulos falsos por mi “terquedad” de defender a la República Bolivariana de Venezuela.

Por cierto, ahora su director, el cura Palmar, está denunciando el caso en Fiscalía como si desde su diario no se hubiese cocinado en la columna Polémica Jurídica (de José Rafael Ramírez) todo esto. Y además, luego de 4 años quiere aparentar que no apoyó eso. Quizás quiere establecer distancia con sus socios los Ramírez por el problema que enfrenta uno de ellos. Es desleal con sus amigos.

El mismo periodista la señaló de haber defendido a quienes demandaron al país y que su actitud al ofrecerse como testigo dejó mucho que desear, ¿que opinión le merecen sus señalamientos?
No sé a que se refiere con defender a quienes demandaron, yo era la Procuradora, mi único cliente era la República, y me ofrecí como testigo ante los tribunales extranjeros donde cursaban los juicios porque había un fraude procesal. Los abogados contrarios en Suiza y Estados Unidos dijeron que según las leyes venezolanas no se podía revocar un dictamen jurídico y eso es falso, tan falso es que así lo aclaró en su decisión el Tribunal Supremo de Justicia, entonces en la promoción de pruebas me promoví como testigo para explicar por que se revocó la opinión y explicar que se trataba de una dictamen jurídico dirigido al Ministro de Finanzas que no causa derecho a particulares. Yo no sé a quien deja mucho que desear, decir y mantener aquí y en cualquier parte del mundo la verdad de lo que sucedió. Lo haría una y mil veces.