Diario Versión Final

En la picota derecho al debido proceso y a la información en estado de excepción

Según constitucionalistas todos los venezolanos correrán peligro de ser arrestados, una vez declarado un estado de emergencia sin límite de tiempo, de ser aprobada la reforma del 337 y el 339. Ejercicio del periodismo se limitará a los designios del Presidente.

Muchos adeptos al Gobierno esta vez no respondieron con la señal de costumbre para manifestar su simpatía con las propuestas presidenciales, cuestión que ha revelado las costuras de la reforma constitucional propuesta por el presidente Chávez.

Esta vez el artículo 337, referido a los estados de excepción y a la posibilidad de restringir los derechos a la vida, al debido proceso, a la información; a la prohibición de incomunicación o tortura y los demás derechos humanos intangibles, está bajo la lupa.

La proposición de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional (AN), que forma parte de los 25 artículos que se suman a los 33 propuestos por el Presidente, ha disparado las alarmas de tirios y troyanos pues, según varios constitucionalistas implica la censura informativa y la aprehensión de cualquier ciudadano sin una orden judicial y por cualquier período de tiempo.

La modificación del 337 se concatena con el artículo 339 que establece la obligación presidencial de solicitar la aprobación del estado de excepción al Tribunal Supremo de Justicia, una vez reformado el artículo, el Primer Mandatario quedará exento de ese deber.

La Comisión Mixta argumentó que la referida modificación tiene el propósito de “darle un parado a los golpistas” y garantizar que no se susciten nuevamente hechos violentos en el país, escenario que vaticinan varios expertos en respuesta a la debacle económica que anuncian para el próximo año.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch alertó que las leyes y tratados internacionales impiden la derogación del derecho al debido proceso que incluye la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, a tener un abogado, a la ausencia de auto-inculpación, a que el acusado conozca los cargos y las evidencias en su contra y el derecho de la excepción de cosa juzgada.

El constitucionalista Enrique Sánchez Falcón, calificó de gravísima la intención de suspender el derecho al debido proceso, ya que los venezolanos no podrán hacer valer sus derechos para defenderse bajo ninguna circunstancia en caso de estado de excepción.

Conmoción, calamidad, catástrofe, emergencia económica y conflicto son las condiciones que aplican para restringir las garantías. “Una manifestación popular no sería causal de estado de excepción, pero su uso abusivo sí”, según el jurista.

La libertad de información, explicó, no se restringe automáticamente en un estado de excepción, tiene que haber un acto expreso que queda a discreción del Ejecutivo señalarlo. “No se podrá informar en tiempos de excepción sino en la medida en que el Ejecutivo lo permita”, dijo.

Gobierno plenipotenciario
Suying Olivares, profesora de LUZ, considera necesaria la reforma del artículo, pues le resulta ilógico que en caso de emergencia el Estado tenga que permanecer amarrado al ordenamiento jurídico. “Los estados de excepción se requieren en cualquier tipo de concepción porque el Estado requiere la protección en alguna circunstancia”.

Olivares recordó que en abril de 2002 al Presidente se le violentó el debido proceso aún sin estar suspendidas las garantías y que los sectores de oposición no fueron perseguidos. Expresó su confianza en la sensatez del Presidente para decretar los estados de emergencia. “No pueden decretarse alegremente”, advirtió.

Aclaró que la modificación del artículo fue iniciativa de la AN. “El derecho a la información ha sido garantizado. Mal podemos atacar a los medios cuando ustedes mismos se silencian o se activan más o menos. Si en los estados de excepción se suprime ese derecho, el Estado puede adoptar una política nacional”.

Compatriotas desafiantes
Carlos Escarrá, artífice y principal asesor del Presidente en cuanto a la reforma escuchó su consciencia académica y salvó su voto con respecto al 337. “Yo tengo una posición, sobre la base de esa posición yo hice mis observaciones en la Comisión Mixta y aclaro no la hice yo solo, Tulio Jiménez, Aurora Morales, Gabriela Ramírez, fuimos 15 diputados aproximadamente los que dijimos no estar de acuerdo y hubo una mayoría y uno respeta”.

Tarek William Saab, gobernador de Anzoátegui, calificó de “regresiva” la eliminación del derecho al debido proceso, aunque se mostró de acuerdo con la restricción a la libertad de información. “El Estado legítimamente constituido debe tener la potestad de impedir que grupos antidemocráticos utilicen los medios para sus objetivos”.

“El debido proceso debe permanecer incluso durante las crisis. ¿Por qué? En un estado de excepción es cuando los ciudadanos, sobre todo los que sean detenidos, más necesitan que se les garantice el derecho a acceder a un proceso justo. Alguien que no tenga acceso al debido proceso no sólo puede ser privado de su libertad, sino que pudieran fácilmente vulnerársele sus derechos a la vida y a la integridad física”.

Los líderes del Partido Comunista, de Patria Para Todos y de Podemos también se mostraron en contra de la propuesta pues argumentaron que tales derechos pertenecen al pueblo y no a los intereses capitalistas.

JOSÉ ENRIQUE MOLINA
“Derechos humanos en peligro”

José Enrique Molina, profesor de LUZ, advirtió que cualquiera que no esté a tono con lineamientos ideológicos del Gobierno corre el peligro de perder sus derechos en el marco de la reforma constitucional. Recuerda que el proyecto ampara únicamente las garantías de los que estén prestos a construir el socialismo.

Teóricamente, resaltó que la reforma del 337 no tendría porqué afectar a los actuales presos políticos pues ellos ya enfrentan un juicio, pero advirtió que en caso de ser suspendidas las garantías, los presos políticos pudieran ser objeto de excepción en su debido proceso y pudieran mantenerlos recluidos indefinidamente. “Ellos estarían bajo el mismo peligro que todos los demás”.

Observó que es peligroso quitarle los límites temporales a los estados de excepción y de conmoción, hoy día establecidos en 30 días prorrogables por 30 días más y 90 días prorrogables por 90 días más, respectivamente. Ambas prórrogas están sujetas a la autorización de la AN, contrario a la propuesta que apunta a que “los estados de alarma, de emergencia económica y de conmoción interior o exterior durarán mientras se mantengan las causas que los motivaron”.

La medida “es peligrosa para los derechos humanos de aquellos que quieran contradecir la opinión del Presidente, la cual han querido convertirla casi en palabra de Dios”.

Aunque el proyecto plantea también la reelección continua del Presidente, el jurista apuntó que el Gobierno está corriendo el riesgo de encontrarse frente a un nuevo régimen que tendría todos los poderes que se están discutiendo actualmente, incluida la posibilidad de perpetuarse en Miraflores.
El ejercicio del periodismo quedaría sometido a censura en situaciones de estado de excepción, a su juicio, pues quedará a potestad del Presidente la suspensión de esta garantía. “No vamos a tener una información pluralista en momentos de controversia”.